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(ZENIT.org).- Benedicto XVI, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha pedido a las conferencias episcopales que adopten "Líneas guía" para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero, en las que se dé prioridad a las víctimas.
Estas directrices, que deberán ser adoptadas por los episcopados antes de la conclusión del mes de mayo de 2012, obligan a los obispos a remitir estos delitos a las legítimas autoridades.
La indicación papal ha asumido la forma de una circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe, enviada como subsidio para las conferencias episcopales para que puedan redactar y adoptar estas líneas de acción cuando se dan denuncias de abusos por parte de un clérigo.
Primero las víctimas
El documento concluye subrayando que "las 'Líneas guía' preparadas por las conferencias episcopales buscan proteger a los menores y ayudar a las víctimas a encontrar apoyo y reconciliación".
La primera frase del documento comienza especificando que "entre las importantes responsabilidades del obispo diocesano para asegurar el bien común de los fieles y, especialmente, la protección de los niños y de los jóvenes, está el deber de dar una respuesta adecuada a los eventuales casos de abuso sexual de menores cometidos en su diócesis por parte del clero".
Por eso, recuerda la misiva publicada este lunes por la Santa Sede, "la Iglesia, en la persona del obispo o de un delegado suyo, debe estar dispuesta a escuchar a las víctimas y a sus familiares y a esforzarse en asistirles espiritual y psicológicamente".
Aunque el denunciante no siempre sea la víctima, la carta establece que "la persona que denuncia debe ser tratada con respeto. En los casos en los que el abuso sexual esté relacionado con un delito contra la dignidad del sacramento de la Penitencia, el denunciante tiene el derecho de exigir que su nombre no sea comunicado al sacerdote denunciado".
Cooperación con las autoridades
Otro de los aspectos de la circular que ha suscitado el interés de los medios de comunicación ha sido la manera en que subraya la obligación de "la cooperación con la autoridad civil" por parte de los obispos.
"Si bien las relaciones con la autoridad civil difieran en los diversos países, es importante cooperar en el ámbito de las respectivas competencias. En particular, sin prejuicio del foro interno o sacramental, siempre se siguen las prescripciones de las leyes civiles en lo referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades", afirma el documento.
"Naturalmente, esta colaboración no se refiere sólo a los casos de abuso sexual cometido por clérigos, sino también a aquellos casos de abuso en los que estuviera implicado el personal religioso o laico que coopera en las estructuras eclesiásticas", aclara el documento.
PrevenciónEl documento vaticano ofrece a los obispos del mundo otros elementos clave no sólo para responder a las denuncias de abusos sexuales por parte de clérigos, sino también para prevenir en la medida de lo posible estos hechos.
En este sentido presta particular importancia a "la formación de futuros sacerdotes y religiosos", recordando como dijo Juan Pablo II el 23 de abril de 2002 que "no hay sitio en el sacerdocio o en la vida religiosa para los que dañen a los jóvenes".
"Los presbíteros deben ser advertidos del daño causado por un sacerdote a una víctima de abuso sexual, de su responsabilidad ante la normativa canónica y la civil y de los posibles indicios para reconocer posibles abusos sexuales de menores cometidos por cualquier persona", afirma el documento.
"El sacerdote acusado goza de la presunción de inocencia, hasta prueba contraria. No obstante, el obispo en cualquier momento puede limitar de modo cautelar el ejercicio de su ministerio, en espera que las acusaciones sean clarificadas. Si fuera el caso, se hará todo lo necesario para restablecer la buena fama del sacerdote que haya sido acusado injustamente", afirma el documento.
Otras indicaciones ofrecidas por la Santa Sede recuerdan que "la investigación sobre las acusaciones debe ser realizada con el debido respeto del principio de la confidencialidad y la buena fama de las personas".
El documento establece que "a no ser que haya graves razones en contra, ya desde la fase de la investigación previa, el clérigo acusado debe ser informado de las acusaciones, dándole la oportunidad de responder a las mismas".
Y por último deja claro que "se debe excluir la readmisión de un clérigo al ejercicio público de su ministerio si éste puede suponer un peligro para los menores o existe riesgo de escándalo para la comunidad".
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